El doctor Íñigo Sanz, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid, dio su opinión acerca del desarrollo de la legislación medioambiental en el Perú.
Por Claudia Reto. 14 noviembre, 2014.
Doctor Íñigo Sanz, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid.
El doctor Íñigo Sanz Rubiales es decano y catedrático de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid, España. Además es especialista en Derecho Medio Ambiental y Derecho Sancionador. Visitó la Universidad de Piura para participar como expositor en el Diplomado de Derecho Administrativo que la UDEP dicta in house en la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Desde su experiencia en la regulación de la protección del medio ambiente en España, dio su opinión sobre el desarrollo de la legislación medioambiental en el Perú.
A propósito de la vigésima Conferencia de las Partes (COP 20), ¿cuáles son los retos que afrontan los países latinoamericanos como Perú?
El reto de las economías emergentes, donde claramente habría que incluir al Perú, es asumir que al igual que los países desarrollados, también tienen la responsabilidad de reducir emisiones. Uno de los factores que ha hecho posible el crecimiento económico de Perú, México, Brasil ha sido la producción de combustibles fósiles. Esta actividad es muy positiva, pero a su vez aquellas naciones deben asumir que no es la única para lograr el desarrollo.
Desde el punto de legislativo, ¿cuál sería el desafío?
Habría que intentar ofrecer estímulos para promover las energías alternativas. Por ejemplo, un desafío sería conseguir que la energía solar y la energía eólica estén al alcance de los bolsillos del empresariado y consumidor peruano. Estos tipos de energías alternativas pueden resultar caras en otros países, pero el Perú podría aprovechar que tiene una excelente capacidad para generarlas.
¿Cuál es su opinión acerca del desarrollo de la legislación medioambiental en el Perú?
El Perú ya ha asumido un papel de responsabilidad en la protección de sus recursos, sin embargo tiene un problema: es excesivamente centralizado; desagraciadamente, el Estado aún no llega a todos los sitios. Habría que lograr generar frentes de poder descentralizados que permitan controlar el medio ambiente de forma más cercana. No obstante, no se puede negar que el país va por buen camino, porque ha habido un cambio claro de mentalidad no solo a nivel legislativo sino a nivel de aplicación administrativa de la normativa ambiental.
¿Cómo puede el Estado peruano promover la compra de los bonos de carbono?
El problema de la compra de carbono radica en que es una actividad voluntaria y lógicamente muy pocas empresas la considerarán. Propongo dos opciones; la primera es crear un mercado obligatorio de bonos de carbono. La experiencia del mercado europeo señala que es muy útil.
La segunda posibilidad es generar medidas de estímulo que lleven a las empresas a adquirir y a ahorrar bonos de carbono. Los estímulos podrían ser, por ejemplo, etiquetas ecológicas, certificados de calidad, premios o extensiones tributarias. Solo con estímulos económicos, honoríficos, o de mercado, las empresas podrían atreverse a dar ese paso.
